Recursos naturales y medioambiente

Es urgente que los recursos naturales y estratégicos sean gestionados, administrados y controlados por el pueblo trabajador y las comunidades, y no permitir más que los grandes recursos y riquezas del país estén en manos de grandes transnacionales y de las grandes familias oligárquicas que se apropian de todo, y ponen sus ganancias por sobre la naturaleza y nuestras vidas. 

Nuestra propuesta sostiene la necesidad de una planificación racional, basada en las necesidades sociales y no según las ganancias de los grandes empresarios. Para ello buscamos aportar un programa que dé una salida de conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores, y poner fin al saqueo y explotación de los recursos naturales, y el impacto abusivo al medioambiente.

El cobre, el litio y los recursos mineros, forestales y marítimos del país deben ser nacionalizados sin pago, y su gestión planificada por comités de trabajadores y miembros de la comunidad local, en función de las necesidades sociales y no al criterio de lucro de un puñado de empresarios.

Renacionalización del cobre y nacionalización del litio y minerales

Sin pago a sus dueños y bajo la administración del pueblo trabajador

Más del 70%  del cobre se encuentra en manos de multinacionales. 

Este recurso representa más del 50% de las exportaciones totales del país. Ha sido durante décadas el “sueldo de Chile”. La “renta minera” que deja este minerales uno de los pilares básicos de la dependencia nacional y del sometimiento al imperialismo.

Son millonarias ganancias, y se las llevan empresas multinacionales como BHP Billiton (dueña de Escondida), Glencore (Collahuasi), AngloAmerican (Collahuasi, El Soldado y Los Bronces) junto al Grupo Antofagasta Minnerals de Luksic (Zaldívar).

Es también el caso del negocio forestal, segundo sector estratégico de exportación. Grupo Arauco, de los Angelini, y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del Grupo Matte. Ambas empresas controlan el 70% del negocio forestal. Juntas poseen casi 2 millones de hectáreas.  Además tienen al aparato del Estado al servicio de la gran propiedad forestal.

En las zonas forestales hay 100.000 personas sin acceso al agua potable, y es mayor la pobreza que el promedio nacional en Cautín (25%) y en Malleco (35%).

Los recursos mineros deben ser una palanca tanto para la resolución de las necesidades sociales, como de la conversión del modelo productivo, para terminar con el atraso en los demás sectores y en la dependencia extrema de un rentismo extractivo-exportador.

Lo anterior permitirá sentar las bases de una planificación racional de la economía, no de la irracionalidad de la ganancia y competencia,que solo produce explotación, enfermedades, desastres ambientales y poblaciones contaminadas.

Fin al Código de Aguas: Estatización y renacionalización del recurso hídrico bajo el control de trabajadores y comunidades

Chile es el único país en el mundo que tiene sus aguas privatizadas. El Código de Aguas de 1981, impuesto bajo dictadura militar, separó los derechos de agua con los derechos de tierra considerando el agua como una mercancía más.

Es necesario terminar con la privatización del agua y acabar con el negocio millonario de los derechos de agua. Los servicios sanitarios deben volver a manos del Estado, pero bajo control de sus trabajadores y en coordinación con los usuarios.

Esto no se logrará de las manos del mercado, ni siquiera con la regulación del mercado por parte del Estado. 

Somos las y los trabajadores y el pueblo quienes, siendo los menores consumidores de agua, nos vemos más afectados por la crisis hídrica. Pero también somos quienes pueden dar una verdadera salida, nacionalizando el agua en base a la administración por parte de sus trabajadores y las comunidades democráticamente, priorizando por las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios.

Fin al negocio forestal

La dominación de los pinos y eucaliptus produce una enorme sequía, pues en dichas plantaciones se termina con la humedad y el agua producto de la enorme absorción de ella por estos árboles. Dos grandes familias controlan el negocio forestal a través de dos grandes monopolios que son subsidiados por el Estado a través del Decreto Ley 701 del año 1974. Se trata de la CMPC, de la familia Matte y Bosques Arauco, del grupo Angellini. Ambas empresas controlan el 70% del negocio forestal.

Hay que poner fin al negocio forestal de Grupo Matte y Angelini, y exigir la nacionalización de las más de 2 millones de hectáreas que hoy tienen ambos grupos; lo que debe ir junto al control de los trabajadores sobre la producción forestal, para que no esté en manos de empresarios que solo velan por sus propios intereses.

Este control de las forestales debe ser en conjunto con las comunidades mapuche y las poblaciones, pues son ellas quienes pueden garantizar la planificación independiente de la producción forestal y un camino transitorio hacia la recuperación de los bosques nativos y la devolución de las tierras ancestrales a la nación mapuche.

No al TPP 11

La ley 21.200 que otorga el «Acuerdo por la Paz y nueva Constitución» deja la puerta cerrada para las modificaciones de acuerdos internacionales con el artículo 135. Esto, claramente afecta a que este proceso se dirija hacia una Asamblea Constituyente Libre Soberana, sino más bien a un acuerdo para asegurar las ganancias empresariales bajo la democracia «a medida de lo posible», desde la Convención Constitucional.

Hay que terminar con el saqueo ambiental bajo la expropiación sin indemnización de las empresas extractivistas y nacionalizando los recursos naturales bajo control de los trabajadores y comunidades, y reconvertir la industria de acuerdo a las necesidades sociales y ambientales, y no hacia las ganancias de unos pocos. Esto además junto con la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior.

Por una banca estatal única gestionada por los trabajadores, para evitar la evasión y huida a los paraísos fiscales, asegurar los ahorros de los pequeños ahorristas y centralizar el ahorro nacional hacia las necesidades postergadas de las mayorías trabajadoras.

Asimismo, poner fin al pago de la deuda pública externa, ya que son miles de millones de dólares que siguen yendo a parar a manos de los especuladores.