Plan de emergencia contra la violencia machista

En contexto de pandemia es evidente que se incrementó la violencia contra las mujeres. El encierro derivado de las cuarentenas masivas y muchas veces la pobreza se transforman en un caldo de cultivo para las expresiones de machismo.

Para algo tan básico como protegernos de la violencia machista y evitar los femicidios, no podemos depender de denunciar a Carabineros, una institución que se burla de la opresión hacia las mujeres. Depender de carabineros deja a las mujeres en una situación de desamparo, sobre todo si eres pobre y no tienes redes o recursos que te permitan darle una salida a la situación de vulnerabilidad. ¿Qué necesitamos entonces?

Primero, que las mujeres que se encuentran en una situación de dependencia económica respecto a sus agresores, puedan recibir ingresos de emergencia a cargo del Estado, para dejar de depender, hasta que sea posible una inserción o reinserción laboral.

Segundo, que el Estado construya refugios transitorios para las mujeres y sus hijas e hijos que lo requieran por situaciones de violencia y desarrolle un plan de viviendas que incluya todo tipo de facilidades para que las mujeres víctimas de violencia machista puedan acceder a arriendos o incluso a la casa propia, siempre en condiciones dignas, accediendo a subsidios y créditos a tasa cero. Consideramos que en una situación de pandemia y confinamiento esta medida es especialmente importante. Una fuente de recursos para financiar refugios y viviendas puede ser el cobro de impuestos progresivos a las inmobiliarias.

Tercero, que las mujeres que están trabajando y están viviendo una situación de violencia machista, puedan optar a licencias laborales pagadas durante todo el tiempo que haga falta para resolver la situación y que las mujeres estudiantes que están en esta situación, cuenten con todas las facilidades garantizadas por sus casas de estudio para completar los procesos educativos.

Cuarto, que se reconozca como derecho de las mujeres acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, compuestos por personal designado por las universidades públicas.

El Estado no debe escatimar recursos para implementar este plan. Si faltan recursos deben implementarse impuestos progresivos a las grandes fortunas para financiarlo.

 

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