Vivienda y plan de obras públicas

En Chile el alto precio de la vivienda, los bajos sueldos, la falta de crédito y la especulación, reducen drásticamente el acceso a la casa propia, lo que crea cientos de miles de allegados en casas ajenas, campamentos, o lugares improvisados de vivienda.

El problema del derecho a la vivienda es de larga data en Chile, en donde el Estado jamás ha tenido una política pública de vivienda que vaya en beneficio de las familias obreras y populares, teniendo estas que darle respuesta a su necesidad mediante métodos de acción directa como tomas de terreno y autoorganización, tanto para la construcción de sus viviendas como para solucionar problemas de alimentación y seguridad. Es por esto, que la cuestión del uso del suelo posee un potente carácter de clase, el cual nos ha demostrado -y lo sigue haciendo- que el derecho a la vivienda y al suelo es solo un privilegio para un sector reducido de la población.

Un estudio de la oficina de urbanismo Atisba, indica que el Fisco tiene más de 1.000 hectáreas de suelo “abandonado” en Santiago, donde se podrían desarrollar 50 mil viviendas, “evitando este peligroso y vulnerable patrón de crecimiento detectado”.

La problemática de fondo es el negocio que ha hecho este Chile heredado de la dictadura que sólo beneficia a las diez familias más ricas del país también haciendo de nuestros derechos un bien de consumo.

El mercado inmobiliario adquiere terrenos mediante las municipalidades para abandonarlos y esperar a que suba su valor, precarizando y dificultando el acceso a la vivienda a plena vista de la institucionalidad cómplice que antepone los interés empresariales ante las necesidades de nuestro pueblo.

Por lo tanto, para resolver íntegramente es necesario que las y los trabajadores junto a las grandes mayorías nos pongamos a la cabeza de darle una salida real al déficit de viviendas y su acceso, lo que parte por chocar con el negocio y las grandes ganancias de quienes hacen de nuestra vida un negocio: las inmobiliarias y los banqueros.

Para esto es necesario proponernos conquistar un Plan de Construcción de Viviendas financiado por el Estado y con impuestos a las grandes fortunas, bajo el control de las y los trabajadores y los sindicatos de la construcción, como también avanzar en la perspectiva de expropiar a todas las empresas inmobiliarias sin pago, las que han aumentado sus riquezas a costa del endeudamiento de millones de familias, y poniendo fin a este negocio bancario.

Así, podemos ir dando una respuesta para avanzar a un cuestionamiento a este sistema donde priman las ganancias de empresarios y no nuestras vidas, para avanzar a poner fin a este gran negociado y poner todos los recursos al servicio del pueblo trabajador sentando las bases para acabar con la brutal desigualdad que significa el capitalismo.